El Salvador tres años después: balance real

El anuncio que nadie esperaba

En junio de 2021, Nayib Bukele anunció ante la Bitcoin Conference de Miami que El Salvador adoptaría Bitcoin como curso legal. La Asamblea Legislativa aprobó la ley días después con 62 de 84 votos. Era la primera vez en la historia que un Estado-nación otorgaba a Bitcoin estatus de moneda de curso legal, obligando a todos los negocios a aceptarla como medio de pago.

Tres años y medio después, el balance es más complejo que las narrativas optimistas o pesimistas que dominaron el debate público.

Chivo Wallet: adopción masiva inicial, abandono rápido

El gobierno lanzó Chivo Wallet, una billetera (wallet) oficial custodial, con un bono de 30 dólares en Bitcoin para cada ciudadano que se registrase. En los primeros meses, más de 2,7 millones de salvadoreños descargaron la aplicación — en un país de 6,5 millones de habitantes, una tasa de adopción aparentemente extraordinaria.

Las encuestas posteriores revelan un patrón diferente. La mayoría de usuarios retiró el bono de 30 dólares y no volvió a usar la aplicación. Un estudio del National Bureau of Economic Research (NBER) de 2022 encontró que apenas el 20% de los negocios encuestados había recibido algún pago en Bitcoin en el mes anterior. Los problemas de Chivo Wallet fueron múltiples: fallos técnicos en el lanzamiento, robo de identidades mediante el sistema de registro, comisiones no transparentes, y la falta de un caso de uso concreto para una población que ya opera en dólares.

Las reservas del Estado: la apuesta que salió bien

El gobierno de Bukele adquirió Bitcoin de forma acumulativa desde 2021. El total reportado a principios de 2025 es de aproximadamente 5.800 BTC. Con Bitcoin por encima de los 90.000–100.000 dólares en ese período, la posición tiene un beneficio latente de varios cientos de millones de dólares sobre el coste de adquisición promedio (estimado en torno a 43.000–45.000 dólares por BTC).

Esta es la parte del experimento que más claramente "funcionó" en términos financieros. Sin embargo, el FMI y economistas críticos señalan que las compras se financiaron con deuda pública, y que el beneficio latente no es beneficio realizado hasta que se venda.

Presión del FMI y reforma de la ley

El Fondo Monetario Internacional condicionó durante años un préstamo de 1.300 millones de dólares a que el gobierno redujera el rol obligatorio de Bitcoin. En enero de 2024, bajo presión del FMI, la ley fue reformada: Bitcoin dejó de ser curso legal obligatorio y pasó a ser voluntario.

El cambio es significativo. La definición técnica de "curso legal" implica que no se puede rechazar como medio de pago. Al volverse voluntario, El Salvador pasó de ser un experimento de moneda de curso legal a ser simplemente un país con regulación favorable a Bitcoin.

Lo que sí funcionó: imagen internacional y Bitcoin Beach

El Zonte, conocido como "Bitcoin Beach", se convirtió en destino de la comunidad Bitcoin global. A nivel macroeconómico, El Salvador recibió un volumen extraordinario de atención internacional desproporcionada a su tamaño. Los Volcano Bonds — bonos soberanos denominados en Bitcoin respaldados por geotermia volcánica, anunciados en 2021 — nunca llegaron a emitirse en el plazo previsto.

La inclusión financiera: promesa vs. realidad

El argumento central de Bukele fue que Bitcoin daría acceso financiero a los salvadoreños no bancarizados — aproximadamente el 70% de los adultos antes de 2021. La realidad es que la inclusión financiera medida tres años después muestra avances modestos y no claramente atribuibles a Bitcoin.

El acceso a teléfonos inteligentes y datos móviles — requisito para usar cualquier billetera Lightning — sigue siendo limitado en zonas rurales. Y los no bancarizados que más necesitan inclusión financiera son frecuentemente los que menos capacidad tienen de absorber la volatilidad de Bitcoin.

Lecciones para el ecosistema

El experimento salvadoreño ofrece varias lecciones. La adopción forzosa de arriba hacia abajo no genera adopción orgánica. Las billeteras custodiales gubernamentales heredan los problemas de confianza de cualquier institución pública. Las economías dolarizadas tienen menos incentivo para adoptar Bitcoin como medio de pago cotidiano porque ya resolvieron el problema de la inflación con el dólar.

Al mismo tiempo, el experimento demostró que es posible para un Estado integrar Bitcoin en su sistema financiero sin colapso, que las reservas en Bitcoin pueden resultar económicamente ventajosas, y que la atención internacional generada tiene valor real. En 2025, El Salvador sigue siendo el experimento de adopción estatal de Bitcoin más documentado de la historia. Su lectura honesta requiere resistir tanto el entusiasmo acrítico como el descarte apresurado.